Editorial: ¿A las escondidas?
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Hace un mes y medio sucedió el ciberataque que comprometió la información de numerosas entidades públicas y también privadas. Fueron afectadas varias en el sector salud y en el de justicia. Hasta el momento no ha habido una información transparente sobre el impacto que se presentó.
Ni IFX Networks ni el gobierno nacional han sido claros y no han precisado ante la opinión pública lo que ocurrió. No sabemos en definitiva qué sistemas se vieron afectados y si fueron aislados tan pronto como el ataque fue detectado. Tampoco si hubo una mayor propagación del daño. Se desconoce si existió una adecuada restauración y recuperación. No se han visto reportes públicos de las mesas de trabajo establecidas entre IFX Networks y las entidades comprometidas, para entender lo sucedido.
Esto no es la única inquietud. Circula una carta, con un derecho de petición dirigido a la directora del Departamento Nacional de Estadística-DANE, en la cual se expresa la preocupación en relación con un posible cambio en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 2023, con el cual, las preguntas sobre el acceso a los servicios de salud y sobre el gasto de bolsillo en el que incurren las personas por estos servicios, habrían sido modificadas o retiradas de la metodología de la encuesta. Cambio que al parecer no fue discutido ni analizado con la comunidad de expertos y partes interesadas que trabajan en conjunto con el DANE.
Esta situación con la encuesta sucede en el marco de una discusión sobre la reforma al sistema de salud, para la cual se necesita la mejor información posible y la mayor transparencia en la entrega de esta para las deliberaciones. Ya hemos hablado desde este espacio sobre la falta de participación ciudadana efectiva que ha habido en las discusiones sobre el proyecto de ley de salud que se tramita en el Congreso. La decisión del DANE, al no estar debidamente discutida ni compartida con los expertos mencionados, genera suspicacias y dudas adicionales.
El derecho a la información está definido en Colombia por los principios de transparencia, de buena fe, de máxima divulgación, de facilitación y de calidad, entre otros. Así se encuentra consagrado en la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública de 2011. En este caso, debemos hacer énfasis en el principio de calidad, el cual supone que “toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa y disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella”. Existe la obligación de producir o capturar la información pública de forma transparente y veraz. No ha sido así.
El gasto de bolsillo es un indicador muy relevante para cualquier sistema de salud. Corresponde a una medida del gasto más inequitativo e injusto que puede tener un sistema de salud cuando se trata de cumplir con la universalidad de la gestión, con solidaridad y eficiencia en el manejo de los recursos. Nos muestra qué tanta protección financiera posee un sistema de salud para las personas ante los riesgos de enfermar. Evidencia si las personas comprometen o no su patrimonio ante las eventualidades de la salud. La metodología SHA, de seguimiento a cuentas nacionales en salud, utilizada por la mayoría de los países del mundo, lo tiene como uno de sus indicadores importantes.
De otra parte, la percepción ciudadana del acceso a los servicios de salud es otro indicador muy relevante para cualquier sistema. Mucho más en la actualidad cuando la queja mayor de las personas tiene que ver con la oportunidad en ese acceso. Estas posibles transformaciones de esos indicadores generan una gran desconfianza, cuando son ellos, unas de las variables que han demostrado avances en el goce efectivo del derecho a la salud a lo largo de los últimos treinta años.
Además, entre las grandes preocupaciones derivadas del proyecto de ley 339 de 2023, en discusión en la Cámara de Representantes, se encuentra que el gasto de bolsillo en salud se incremente y que el acceso a la prestación de los servicios se deteriore en demasía. Estas mediciones no se pueden eliminar, y si se van a modificar, requieren ser revisadas en sus motivaciones y en sus alcances con los grupos de expertos que han contribuido en su construcción con el DANE.