Editorial: La herencia de la indolencia
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
La presentación de la ministra de Salud, Ana María Vesga, ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso dejó planteada, con cifras oficiales, una realidad que durante los últimos años fue motivo de controversia, advertencias y descalificaciones: el sistema de salud está desfinanciado y recuperarlo exigirá recursos, capacidad de gestión y decisiones difíciles.
Las cifras son elocuentes. El sector Salud y Protección Social tuvo un presupuesto de $78,9 billones en 2026. El proyecto para 2027 contempla inicialmente $79,6 billones: un crecimiento de apenas 0,84%. El funcionamiento aumenta 2,12% y la inversión cae 31,18%. En términos reales, descontada la inflación, estamos ante una disminución de los recursos disponibles.
Pero el dato más revelador aparece cuando el Ministerio presenta las modificaciones que considera necesarias. Solicita una adición cercana a $13,9 billones, que llevaría el presupuesto del sector a $92,5 billones. De esos recursos, $12 billones son necesarios para financiar el aseguramiento.
No es una cifra menor. Tampoco es una estimación proveniente de las EPS, de los prestadores, de los gremios o de quienes durante los últimos años advertimos sobre el progresivo deterioro financiero del sistema. Es el Ministerio de Salud el que reconoce ante el Congreso que el presupuesto inicialmente previsto resulta insuficiente para financiar el aseguramiento en 2027.
La presentación permite, además, comprender cómo llegamos hasta aquí. La nueva administración recibió un Ministerio con serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas. La Contraloría General de la República no feneció la cuenta fiscal de 2025. Había $4,2 billones comprometidos y apenas $1,3 billones obligados; es decir, cerca de $2,9 billones con ejecución tardía o deficiente. El 43% de la inversión del sector para 2027 quedó inflexible por compromisos adquiridos mediante vigencias futuras.
Hay más. La ministra informó la revisión de 28 resoluciones que contienen 176 proyectos sin registro presupuestal, 83% de ellos correspondientes a infraestructura. Veintitrés de esas resoluciones fueron expedidas entre el 3 y el 6 de agosto por $529 mil millones. Son datos que merecen explicaciones.
Durante la administración anterior se tomaron decisiones que alteraron las prioridades del gasto. Mientras aumentaban progresivamente las transferencias destinadas a programas denominados de apoyo a la Ley 100, se debilitaba proporcionalmente el financiamiento del aseguramiento. Al mismo tiempo se comprometían cuantiosos recursos en infraestructura, equipos básicos y otras estrategias, sin que siempre fueran claros su impacto, ejecución, sostenibilidad ni articulación con las necesidades financieras del sistema.
El resultado está a la vista. Hoy no solamente tenemos una crisis de liquidez que afecta a EPS, hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos y proveedores. Tenemos dificultades de acceso para los pacientes, deterioro de redes de prestación y una deuda creciente que se transmite a lo largo de toda la cadena.
A esta situación se agregó el terremoto del pasado 10 de agosto. El Ministerio estima que se requiere alrededor de $1 billón adicional para recuperar la infraestructura sanitaria afectada, dentro de una adición de inversión cercana a $1,5 billones. También se necesitan recursos adicionales para vacunación, salud pública, sistemas de información y fortalecimiento institucional.
La tarea que enfrenta el nuevo Gobierno es, por tanto, enorme. No basta con cambiar funcionarios ni con modificar el discurso. Hay que recuperar el sistema.
Eso significa estabilizar su financiamiento, determinar técnicamente la suficiencia de la UPC, garantizar los recursos del aseguramiento, recuperar progresivamente la liquidez, proteger las redes de prestación, resolver la situación de las EPS intervenidas y reconstruir la infraestructura afectada. Pero significa también revisar los compromisos heredados, evaluar inversiones, corregir ineficiencias y exigir que cada peso público produzca valor en salud.
Sería equivocado concluir que todos los problemas actuales comenzaron con la administración anterior. El sistema acumulaba dificultades y requería modificaciones. Pero también sería imposible desconocer lo que ahora muestran las propias cifras oficiales: durante los últimos años se profundizaron desequilibrios financieros, se modificaron prioridades y se comprometieron recursos sin resolver el problema central del aseguramiento.
La presentación de la ministra Vesga tiene, por eso, un valor adicional. Permite comenzar esta nueva etapa desde el reconocimiento de la realidad. Ahora corresponde convertir ese diagnóstico en decisiones.
Recuperar el sistema será costoso. Tomará tiempo. Exigirá disciplina fiscal, transparencia, eficiencia y diálogo. Pero, sobre todo, requerirá entender que antes de transformar un sistema que atraviesa una crisis, hay que estabilizarlo; y antes de prometer nuevos derechos y prestaciones, hay que garantizar que puedan financiarse y llegar efectivamente a las personas.