Editorial: Difícil ecuación
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El miércoles 9 de septiembre, ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, la ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó las cifras que permiten dimensionar la situación financiera que recibió el nuevo Gobierno. Un día después se reunió con actores relevantes del sistema para presentarles aspectos del plan de choque con el cual busca comenzar a enfrentar la crisis. Parte de esa conversación trascendió a los medios de comunicación y terminó concentrando la atención en una cifra: los diez billones de pesos anunciados durante la campaña presidencial.
Es comprensible. El sistema necesita recursos. Hospitales, clínicas, EPS, gestores farmacéuticos, proveedores y, sobre todo, los pacientes, sienten las consecuencias de una crisis de liquidez que se fue profundizando durante los últimos años. Pero sería un error convertir esos diez billones en la medida del éxito del plan de choque y, mucho más, definirlos como una responsabilidad exclusiva de la ministra de Salud.
Hay que poner las cosas en perspectiva.
La discusión no es si la ministra consigue o no consigue diez billones de pesos. La verdadera pregunta es cuánto cuesta estabilizar el sistema, cuánto puede aportar el Estado en las actuales circunstancias fiscales, en qué plazo puede hacerlo y cómo lograr que los recursos disponibles y los nuevos recursos produzcan resultados efectivos para los pacientes. El problema financiero acumulado puede ser mayor a la cifra en mención y no se resuelve simplemente inyectando una determinada cantidad de dinero. Hay deudas, insuficiencias corrientes, compromisos futuros y retos estructurales que deben ser reconocidos, depurados y atendidos.
La situación es particularmente compleja. Desde afuera del Gobierno existe la presión legítima de los agentes del sistema que necesitan liquidez. Desde adentro hay otra realidad igualmente cierta: el país atraviesa una severa restricción fiscal y el Gobierno debe encontrar recursos para múltiples obligaciones en medio de la reconstrucción que exige el terremoto del 10 de agosto.
Son dos fuerzas que presionan en sentidos contrarios. Pretender que esa tensión la resuelva exclusivamente el Ministerio de Salud no solamente es injusto sino institucionalmente equivocado. La financiación del sistema de salud es una responsabilidad del Estado. Salud debe determinar las necesidades, establecer prioridades y sustentar técnicamente los recursos requeridos. Hacienda debe señalar las posibilidades fiscales, identificar las fuentes y construir una programación viable. El Presidente debe arbitrar prioridades; y el Congreso tendrá que adoptar decisiones presupuestales y legales que seguramente serán necesarias.
Por eso los diez billones no deberían convertirse en una espada de Damocles para nadie. Tampoco pueden olvidarse. Fueron un compromiso político y representan una señal de la prioridad que el nuevo Gobierno ha otorgado a la recuperación del sistema. Pero entre una promesa de campaña y su ejecución existe ahora una realidad que el propio Gobierno está conociendo en toda su dimensión: el real impacto de la mala administración pasada, las restricciones de las finanzas públicas, la magnitud de las obligaciones heredadas y una tragedia nacional que obliga a reconstruir viviendas, vías, escuelas, acueductos y hospitales.
Gobernar es precisamente administrar esas restricciones. El sector salud también debe entenderlo. Reclamar los recursos que legítimamente necesita no puede significar desconocer las circunstancias fiscales del país y mucho menos sus propias responsabilidades frente a ellas. De la misma manera, la restricción fiscal no puede convertirse en un argumento para aplazar indefinidamente las decisiones que requiere un sistema cuya situación financiera ya ha afectado el acceso de las personas a los servicios.
Entre esos dos extremos debe consolidarse el plan de choque. Más que una cifra única, necesitamos una ruta. Saber qué puede hacerse inmediatamente, qué requiere recursos adicionales durante los próximos meses y qué deberá incorporarse al presupuesto de 2027. Determinar prioridades, fuentes, responsables y tiempos; y establecer mecanismos que permitan verificar que los recursos efectivamente se traduzcan en medicamentos entregados, tratamientos continuados, servicios recuperados y redes protegidas.
El miércoles 9 de septiembre conocimos con mayor precisión el tamaño del problema. El jueves 10 se inició con los actores del sistema la manera de enfrentarlo. Esa secuencia es importante.
Ahora viene una etapa retadora; convertir el diagnóstico en acuerdos y los acuerdos en decisiones posibles. Después de varios años de deterioro no podemos exigir soluciones mágicas en pocas semanas. Pero tampoco podemos perder el sentido de urgencia. Se necesita avanzar, mostrar resultados y construir confianza. Quizá este sea el principal desafío del momento. Se trata de construir entre todos una solución financieramente responsable que permita recuperar progresivamente el sistema. El ministerio tiene una enorme responsabilidad en esa tarea. Pero no está -ni debe estar- solo. Los agentes del sistema tenemos una gran responsabilidad también, y la eficiencia está en ella.
La salud necesita recursos. La reconstrucción del país también; y Colombia necesita recuperar su equilibrio fiscal. Conciliar esas tres urgencias es una responsabilidad de Gobierno, pero también de toda la sociedad.