Julio 27 de 2012

La política nacional farmacéutica que se está gestionando en el Gobierno

Se espera que en menos de un mes, el país tenga la Política Nacional Farmacéutica que reestructurará este campo del sector salud. Sobre qué diagnóstico se basó su formulación, cuáles son las estrategias que incluye y qué piensan sobre ella algunos de los actores relacionados son los interrogantes que se resuelven en este informe.

Por estos días, equipos técnicos y viceministros de diferentes carteras están dando las puntadas finales al documento de 70 páginas que contiene la Política Nacional Farmacéutica (PNF), la cual promete revolucionar esta área en el sector salud.

Primero pasará a un encuentro denominado preConpes en el que se determinarán los compromisos y responsabilidades de cada ministerio, los principales nudos y conflictos de las propuestas que se están haciendo y se darán los acuerdos para llevar a cabo las estrategias planteadas. Una vez resuelto todo esto, el documento será puesto a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que tomará la decisión final. Allí estarán el Presidente de la República y sus ministros. Es decir, se está "preparando el horno para cocinar la política", como dicen los asesores en esta materia del Ministerio de Salud.

El Gobierno calcula que este proceso dure un mes, con lo cual, a finales de agosto, se espera contar con la anunciada política. Sin embargo, la última palabra la tiene el Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien lleva la agenda de reuniones del Conpes.

Según el diagnóstico contenido en el documento que será entregado al Conpes, y que además ha sido consultado con diferentes actores del sistema (EPS, usuarios, gremios, laboratorios y academia, entre otros), el problema central de la situación farmacéutica nacional lo constituye "el acceso inequitativo de la población a los medicamentos y el riesgo en la calidad de la atención". Las causas de esta situación han sido clasificadas en cinco categorías, en un árbol de problemas, pues cada categoría reúne un grupo de deficiencias que se han visto en la manera en la que hoy está concebida la política farmacéutica en el país:

1. Uso inadecuado e irracional de los medicamentos.
2. Uso ineficiente de los recursos financieros de la salud
3. Oferta y suministro insuficiente de medicamentos esenciales.
4. Dificultades para la disponibilidad y la transparencia en la información.
5. Debilidades en la rectoría y el sistema de vigilancia.

De acuerdo con Claudia Vaca y Rodrigo Moreira, asesores del despacho de la Ministra de Salud en temas de política farmacéutica y medicamentos, lo que está sucediendo en este campo es una radiografía de lo que pasa en el sector tanto en el país como en otras partes del mundo. Entonces, si se hace un cambio estructural en esta área se estará haciendo un gran aporte a los cambios que requiere el sistema en general.

Lo entendieron así después de realizar, junto con un equipo técnico multidisciplario, un estudio riguroso de la información relacionada con esta materia que existe en Colombia y en otros países, incluyendo casos. En ese sentido se llevó a cabo una detallada revisión de fuentes secundarias y una extensa referenciación internacional, que incluyó cerca de 58 países entre países de la región y pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también documentos de organizaciones internacionales como las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), la Unión Europea, la Conferencia Internacional de Armonización y la Organización Mundial del Comercio, entre otras.

Esa información permitió evidenciar con datos estadísticos, detallados y de diferentes fuentes, las diferentes problemáticas. Así, por ejemplo, la primera categoría de problemas identificada (uso inadecuado e irracional de los medicamentos ) mostró que existen "debilidades del recurso humano y de las políticas de formación e información independiente dirigidas al personal de salud y la población, la ausencia de una red articulada de Servicios Farmaceúticos (FC) y droguerías que incluya resultados de su gestión, las debilidades en la vigilancia y control de la promoción y publicidad farmacéutica, y la ausencia de una agenda explícita de formación y financiación de las actividades de educación continuada basada en problemas", como lo señala el documento.

Como evidencia de ello, muestra que en Bogotá la venta de antibióticos sin receta alcanzaría el 80% sobre todo en localidades con mayores necesidades básicas insatisfechas y la prescripción de medicamentos en indicaciones no aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la cual podría ser de hasta el 30%, dependiendo del medicamento analizado en los recobros realizados al sistema.

A eso se agrega que no se conoce con certeza el número de farmacias y droguerías en el país, y su distribución geográfica, y se documenta una insuficiente calificación del personal que las atiende. "En el año 2005 un estudio sobre el perfil y prácticas de los expendedores de medicamentos en farmacias y droguerías de Bogotá, estableció que cerca del 67% de ellos no contaban con formación técnica o profesional y que, en más del 55% de los casos, el expendio de medicamentos se realizó de una manera inadecuada", señala el informe. Y agrega que "el índice de densidad farmacéutica en Colombia es de 10,4 farmacéuticos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de países como España con índice farmacéutico de 140".

En la segunda categoría (Uso ineficiente de los recursos financieros ) los investigadores identificaron que el gasto per cápita no POS, es decir aquello que no está en el sistema que corresponde a tecnologías complejas que normalmente son para personas con patologías muy complicadas, es cinco veces mayor que el gasto per cápita en medicamentos del POS en el régimen contributivo antes de que se unificaran los regímenes, y ocho veces más que en el régimen subsidiado.

"O sea que el sistema paga mucho más por lo que usan muy pocos y paga menos por lo que necesita más la gente. Con un agravante, los estudios de la Defensoría y la Encuesta de Calidad de Vida, que hace evaluaciones estadísticas representativas de una población, dicen que cerca del 30 por ciento o más por ciento de la población no recibe los medicamentos que le son prescritos ni en el momento que lo requieren ni en la cantidad que lo requiere. Se debe a todas las trabas que hay en el sistema", explica Claudia Vaca.

"Entre los años 2003 y 2009 el crecimiento anual promedio en el valor de los reembolsos por medicamentos No POS fue de 68% y alcanzó una cifra cercana a los $2,5 billones en 2010, aproximadamente 1,317 millones de dólares. Esta expansión se explica tanto por el aumento en las reclamaciones, sean por vía judicial o por dictámenes de los Comités Técnicos Científicos (CTC), como por el valor y la cantidad de los servicios de salud involucrados en cada reclamación, siendo el valor de los medicamentos el principal componente del reembolso total (alrededor del 82% en los dos últimos años)", asegura el documento.

También afirma que la explosión de las reclamaciones de recobro, que pasó de 60 mil, a comienzos de la década, a casi un millón de procesos administrativos por año, sobrepasó la capacidad administrativa de control, lo cual permitió recobros carentes de racionalidad en los precios unitarios de los medicamentos reembolsados; así como en las cantidades (dosis) implícitas, mostrando además, signos de corrupción

En cuanto a la oferta y suministro de medicamentos esenciales (tercera categoría), se identificaron fallas en la disponibilidad de vacunas y sueros antiofídicos, medicamentos esenciales para Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), incluidos algunos medicamentos esenciales para cumplir las metas de salud sexual y reproductiva y de primera línea de varios tipos de cáncer, entre otros.

En lo relacionado con los problemas de transparencia y calidad de la información (cuarta categoría), se pudo comprobar la escasa, limitada, poco estandarizada y fragmentada información disponible sobre precios, uso y calidad de medicamentos, lo cual constituye una importante limitación para la toma de decisiones y el monitoreo a los resultados en salud. La información recopilada mostró la diferencia promedio de precios entre medicamentos de marca y precios de los medicamentos genéricos de 4 a 1.

"Creemos que es el problema central. Casi que si logramos transparencia y calidad es suficiente para mejorar todo lo demás. La idea es garantizar que la información sobre precios, uso y calidad del medicamento sea completamente público en todas las páginas de las instituciones del Estado. Que alguien que necesite saber cuándo vale un medicamento lo sepa y también para qué se usa", señaló la asesora de la Ministra de Salud.

Finalmente, los problemas de acceso y calidad en la atención descritos anteriormente, se asocian debilidades en la rectoría y en el sistema de vigilancia (quinta categoría).

"Aunque el país cuenta con una agencia sanitaria certificada como de referencia en la región de las Américas y los medicamentos colombianos se exportan a varios países de las Américas, con un importante posicionamiento en Centro América y la Región Andina; existen retos importantes que se deben superar, entre ellos la adaptación a los avances científicos y tecnológicos del sector farmacéutico y la acelerada integración comercial del país.

"Estos retos exigen una mirada integral y sistémica de la calidad, así como un análisis crítico y la solución tanto de los vacíos normativos como de las dificultades de articulación de las funciones del Invima, como de la Supersalud y la relación de estas con las competencias y actividades de las entidades territoriales", explica el documento.

Otro problema identificado en esta última categoría fue la falsificación y adulteración de medicamentos, algo grave para la salud pública. "La población no está suficientemente informada sobre los riesgos de las compras por internet y existen escasos recursos, débiles instrumentos, pocos programas de prevención e insuficiente capacidad operativa de las instituciones competentes para contrarrestar los riesgos de este fenómeno", agrega el texto.

Diez estrategias, el remedio

Para contrarrestar la situación descrita, desde el año 2010 se está trabajando en la PNF que formula un conjunto de diez estrategias que deben desarrollarse en un lapso de tiempo de diez años, para lo cual se definió un presupuesto de aproximadamente 200 mil millones de pesos. Las fuentes principales de este presupuesto serían de recursos de inversión nacional, del Sistema General de Participación y una proporción menor de recursos de cooperación.

"Tres de las diez estrategias son transversales porque coadyudan al cumplimiento de las otras estrategias. Por ejemplo, en calidad el tema de información tiene que estar ahí. No basta que los medicamentos sean buenos, se requiere que se sepa", señala Moreira.

Esas tres estrategias centrales se refieren a la disponibilidad de información confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios, uso y calidad de medicamentos; la construcción de una institucionalidad eficaz, eficiente y coherente y la adecuación de la oferta y de las competencias en el recurso humano del sector farmacéutico.

En ese sentido, se ordena, por ejemplo, la transparencia y acceso de información y se establecen los mecanismos para lograrlo; también se ordena la creación de la Comisión Nacional de Política Farmacéutica, ente que ejercerá un papel importante porque tendrá la coordinación interinstitucional e intersectorial, y la educación continuada activa, que será decidida por el Gobierno.

El fortalecimiento institucional incluye la reestructuración del Invima, que contará con una red de laboratorios de calidad certificada y la ampliación de la planta en un 60%; así como la creación de una veeduría ciudadana y social.

Las siete estrategias restantes incluyen el desarrollo de instrumentos para la regulación de precios y del mercado donde se presenten distorsiones; el fortalecimiento de la rectoría y del sistema de vigilancia con enfoque de gestión de riesgos; el compromiso con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de la biodiversidad; la adecuación de la oferta de medicamentos y servicios a las necesidades de salud nacionales y regionales; el desarrollo de programas especiales de acceso a medicamentos, el diseño de redes de servicios farmacéuticos articuladas a las redes de prestación y la promoción del uso adecuado de medicamentos.

Se espera que con la estrategia de sostenibilidad ambiental se logre hacer la diferencia en el ámbito internacional, pues de las 58 políticas que se referenciaron ninguna tiene un componente de compromiso con el medio ambiente. El objetivo es tener una política sobre los medicamentos que se desechan porque hoy se ha visto que algunos de los medicamentos veterinarios son los medicamentos humanos desechados que después tienen efecto en las personas, por ejemplo en el caso de la leche.

Según los asesores del despacho de la Ministra de Salud, se espera llevar a nivel de política varias de las medidas que ya se han venido tomando como son los topes de recobro, con lo cual, aseguran, en menos de un año se ha reducido el 20% el gasto. De 2,5 billones de pesos, ahora se está en 1,8 billones.

La implementación de la PNF va acompañada de un plan detallado y un sistema de monitoreo y evaluación mediante diez indicadores de proceso e impacto. De igual forma, insiste en que el cumplimiento de los objetivos se logrará si hay articulación de las entidades del sector y la incorporación de otros sectores y entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, SENA, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Cooperación Internacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

El documento contiene un recuento histórico de lo que ha sido la política farmacéutica en el país, desde la década de los 70 hasta llegar a dos hechos importantes en este campo: 1. La Política Farmacéutica Nacional (PFN), basada en la selección de medicamentos esenciales y promoción de la competencia, que fue elaborada y publicada en el año 2003 por el Ministerio de la Protección Social (MPS), pero no fue adoptada oficialmente y no incorporó instrumentos de seguimiento y monitoreo, y 2. La inclusión del artículo 86 a la Ley 1438 de 2011, en el que el Gobierno establece la necesidad de definir una política nacional farmacéutica. Esto debido a "la explosión del valor de los reembolsos de medicamentos no incluidos en los planes de beneficio, las deficiencias del sistema de información sobre acceso, uso y calidad de medicamentos, las distorsiones de los precios de algunos grupos de medicamentos y de los márgenes de intermediación de la cadena de comercialización, la entrega insuficiente de los medicamentos del POS y las distorsiones en la competencia comercial", como lo señala el documento que será entregado al preconpes.

Se espera entonces, que con esta medida se logren los resultados en salud de la población colombiana a través del acceso equitativo a medicamentos efectivos y la prestación de servicios farmacéuticos de calidad, bajo el principio de corresponsabilidad de los sectores y agentes que inciden en su cumplimiento, como lo explica el documento.

Qué dicen actores del sector

Así Vamos en Salud consultó a dos actores relacionados con esta política para conocer su opinión sobre el tema. Uno de ellos fue la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), que agrupa a 19 laboratorios farmacéuticos de innovación que investigan y desarrollan nuevas moléculas. Se envío a la directora médica, Inés Elvira Ordoñez Lega, quien lo respondió con otros funcionarios de la agremiación.

El otro fue la Fundación Ifarma, instituto de investigación y de consultoría, focalizado en los temas relativos a los medicamentos (acceso, uso y calidad) con una mirada internacional. Su objetivo es incidir en las políticas públicas de salud y en las relativas a los medicamentos, especialmente en los países de América Latina. Su director, Francisco Rossi, respondió las preguntas.

Tanto Afidro como la Fundación Ifarma respondieron el cuestionario por escrito.

Respuestas Afidro:

1.El diagnóstico que realizó el Ministerio de Salud para elaborar la política farmacéutica mostró que el 80% de los dineros destinados a recobros (2,5 billones de pesos al 2010) se van en medicamentos, es decir, casi todo, con el agravante de que no hay acceso equitativo a los medicamentos (solo el 30% de la población los recibe). ¿Qué piensa Afidro del tema?

No puede señalarse a los medicamentos como los responsables de la crisis del Sistema de Salud mediante el uso incorrecto de cifras. Según datos que el mismo Ministerio de Salud reveló durante el pasado Foro Farmacéutico de la ANDI, los recobros en 2011 fueron de $1,8 billones. En esas condiciones, si el 80% de los recobros corresponden a medicamentos, entonces estos corresponden $1,4 billones. Además, hay varios estudios (Universidad Nacional, Federación Médica Colombiana, Apoyo a la Reforma) que demuestran consistentemente que cada medicamento recobrado al FOSYGA durante los últimos años, cargaba con sobrecostos de intermediación de más del 99%, alcanzando en algunos casos cifras desproporcionadas del 3.000%. En esas condiciones, es probable que el monto de intermediación sea mayor que el valor mismo de los medicamentos. Según nuestros cálculos, el valor del mercado a nivel de los laboratorios para recobros no supera los $900 mil millones.

Con relación al acceso a medicamentos, el Gobierno ha insistido en que la cobertura del Sistema de Salud es del 96% de la población y que ha financiado y pagado previamente esa cobertura mediante el POS-C y el POS-S, razón por la que es de esperar que esa población tenga acceso a los medicamentos incluidos dentro del POS. Si ello no ocurre o no ocurrió, no puede endilgársele a los costos por recobros de medicamentos que estaban por fuera del POS, pues ellos corresponden a otra canasta de recursos. Si los regímenes estaban financiados y pagados, y hubo restricciones al acceso a las medicinas, no queda otra alternativa que concluir que ello ha debido ser por prácticas e ineficiencia de algunos agentes del Sistema.

2.También mostró que existe un uso inadecuado de los medicamentos porque se prescriben medicamentos que no se necesitan y en cantidades que no se requieren, incluso se utilizan en indicaciones que no están autorizadas. ¿Afidro conoce esta situación, está tomando medidas al respecto?

La prescripción de medicamentos es responsabilidad exclusiva de los médicos.
En el país solo se permite a las compañías la comercialización de medicamentos para las indicaciones autorizadas por el Invima, para las cuales se presentan los estudios y la información que respalda su uso. En igual sentido es motivo de glosa el recobro por parte de las EPS de medicamentos entregados para indicaciones no aprobadas por el Invima.

3.¿Qué piensan de la exigencia de la política en relación con la transparencia de la información y de hacerla pública para que las personas conozcan en qué casos se deben utilizar los medicamentos, cuánto cuestan y demás?

De acuerdo con la normatividad vigente en Colombia, los laboratorios sólo pueden divulgar al cuerpo médico, información relacionada con indicaciones terapéuticas de medicamentos de prescripción. Los laboratorios no pueden presentar información a ese respecto a los usuarios.

Así mismo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), de acuerdo con el decreto 733 de 2012, debe publicar en su portal de internet, con fines informativos, las solicitudes de evaluación farmacológica y de registro sanitario indicando los datos de identificación del solicitante del registro y la información relativa al producto respecto del cual se ha radicado solicitud.

El SISMED es el encargado de publicar la información de costos debidamente procesada (SISMED: Sistema de información sobre precios de medicamentos de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos).

4.¿Qué piensan sobre la facultad que da la política al Gobierno para efectuar negociaciones centralizadas con los laboratorios o regular los precios cuando lo considere necesario?

El Gobierno siempre ha tenido la facultad de hacer compras centralizadas, sin embargo debe recordarse que quienes compran medicamentos en el Sistema de Salud son mayormente las EPS y las IPS. Así mismo, desde el año 2006 la Política de Control de Precios de medicamentos le permite al Gobierno regular los precios de los medicamentos dentro de un marco de competencia. Por tanto, ni la compra centralizada ni los controles de precios de medicamentos son una novedad.

5.Según el diagnóstico del documento que se presentará al Conpes, el sector farmacéutico ha tenido un crecimiento del 68% entre los años 2002 y 2010 que solo se puede explicar por malas prácticas. ¿Qué piensa la agremiación al respecto?

El crecimiento de un sector productivo, en este caso el farmacéutico, está afectado por variaciones macro y microeconómicas como la inflación y las variaciones de la tasa de cambio; adicionalmente, el sector farmacéutico ha venido creciendo paralelamente con el crecimiento de la cobertura del Sistema de Salud. De esa forma, los aumentos observables y dependientes de las cifras de inflación y tasa de cambio afectan las cifras de crecimiento aún este no sea 'un crecimiento real del sector': basta sumar las cifras de inflación de los últimos 10 años –En el año 2002 fue de 6,9%, pero supongámoslas en 5% anual para cada año-, y esa cifra de crecimiento citada del borrador de la Política Nacional Farmacéutica queda recortada en 50 de 68 puntos; y en el caso de mayores coberturas del Sistema de Salud sí se generó un crecimiento real del sector. Por tanto, señalar que el crecimiento de la industria es debido 'sólo por malas prácticas' es tendencioso e incorrecto.

Respuestas Fundación Ifarma

1.El diagnóstico que realizó el Ministerio de Salud para elaborar la política farmacéutica mostró que el 80% de los dineros destinados a recobros (2,5 billones de pesos al 2010) se van en medicamentos, es decir, casi todo, con el agravante de que no hay acceso equitativo a ellos (solo el 30% de la población los recibe). ¿Qué piensa la Fundación Ifarma sobre el tema, tiene información similar?

Nos interesa resaltar varias cosas que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Primero, que los recobros corresponden a medicamentos No POS, muchos de los cuales son costosos pero no representan ventaja alguna sobre los que están en el POS y se financian con la UPC. El documento de Política Farmacéutica del año 2003 llamaba la atención sobre el crecimiento exponencial de los recobros desde el año 2000, pues se habían multiplicado por 10 al pasar de 4.000 millones a más de 40.000. A pesar de ser un documento oficial del gobierno, el Ministerio decidió no hacer nada al respecto, hasta llegar a la emergencia social del 2009, cuando la cifra era de dos billones. En otras palabras, a nuestro juicio (y esta apreciación la compartimos con OBSERVAMED) el principal problema estuvo en la inactividad del regulador y vigilante, que además era el pagador. Son múltiples las denuncias, desde esas épocas, de laboratorios farmacéuticos financiando abogados para poner tutelas de medicamentos de alto costo, de exigir marcas comerciales 10, 20 y hasta 70 VECES más costosos que sus genéricos, de financiar organizaciones de pacientes y de "bonificar" a los médicos que recetaban esos productos caros. Poco después las IPS y las EPS descubrieron que, cuando el regulador no actúa, todos se pueden beneficiar, y aparecieron los "sobreprecios" en los que se recobraba dos, tres y hasta 5 veces más por el producto que se recobraba y aparecieron las oficinas de tutelas en las EPS y las IPS. Hay que resaltar que este fenómeno de corrupción se llevó a cabo con arreglo a las normas y a la ley. Después de todo, y en el marco del TLC con los Estados Unidos, en el año 2006 se liberaron los precios de los medicamentos con argumentos bastante discutibles, especialmente aquel de que el mercado era capaz de regularse solo, y ciertamente, cuando se liberan los precios, se liberan para todos. Aún hoy existen empresas que "ofrecen" el servicio de importar medicamentos costosos que no se consiguen en Colombia, con toda la documentación para el recobro.........

2.El diagnóstico también mostró que existe un uso inadecuado de los medicamentos porque se prescriben medicamentos que no se necesitan y en cantidades que no se requieren, incluso se utilizan en indicaciones que no están autorizadas. ¿Ifarma conoce esta situación, ha propuesto medidas al respecto?

Hasta el cansancio. Llamamos la atención sobre casos específicos de productos (insulinas, factores de coagulación, marcas injustificadamente caras). Pero muy especialmente llamamos la atención sobre la multiplicación en el uso de productos costosos cuando evidentemente no se requerían, las bonificaciones a los médicos, los incentivos a las EPS, las IPS y los intermediarios y como no, el uso de productos para indicaciones no autorizadas o incluso "inventadas". En el caso de enfermedades raras, se conocieron casos en los que se hacía una búsqueda de familias y pacientes para colocarlos en programas especiales de tratamiento, si el medicamento era costoso, pero también casos en los que los pacientes estaban repetidos, estaban inventados o los diagnósticos eran falsos.

3.¿Qué piensan de la exigencia de la política en relación con la transparencia de la información y de hacerla pública para que las personas conozcan en qué casos se deben utilizar los medicamentos, cuánto cuestan y demás?

Uno de los resultados de la liberación de los precios del año 2006 fue justamente la "desaparición" de las fuentes rutinarias de información sobre precios de medicamentos, asunto sobre el que OBSERVAMED ha insistido en muchas ocasiones y por diversos mecanismos. El más reciente fue justamente la tutela que se ganó en segunda instancia para tener acceso a los precios que se reportan al Gobierno, pues habían sido considerados por la Industria como información confidencial de carácter comercial. Este gobierno, a pesar de su cercanía con el libre comercio, ha reconocido que es inevitable intervenir los precios y asegurar la trasparencia de la información, pues sin información no hay regulación posible.

4.¿Qué piensan sobre la facultad que da la política al Gobierno para efectuar negociaciones centralizadas con los laboratorios o regular los precios cuando lo considere necesario?

También lo consideramos un asunto positivo de la Política Farmacéutica que incluye medidas como las importaciones paralelas. No obstante este tipo de intervenciones se vienen "cocinando" hace más de 5 años, pero hasta ahora no se han concretado ni una sola vez. Es decir, no se ha hecho ninguna importación paralela, ni se ha negociado el precio de ningún medicamento de manera centralizada. Pero al menos estas medidas se han propuesto en la PNF.

5. Según el diagnóstico del documento que se presentará al Conpes, el sector farmacéutico ha tenido un crecimiento del 68% entre 2002 y 2010 que solo se puede explicar por malas prácticas. ¿Qué piensa sobre esto?

Es el reconocimiento de uno de los fenómenos de corrupción más grandes, pero que en muchos casos ha sido legal. El Presidente dijo el año anterior que "se había acabado la guachafita" y que los que se estaban robando 5 billones de pesos en los últimos años, iban a pagarlo. Pero solamente sabemos que 5 funcionarios involucrados en un ilícito de 30.000 millones (el mísero 0,6%, menos del 1%) fueron llevados a juicio. La guachafita no se acabó y este año se han pagado recobros como por 1 billón. Algo es algo y reducir a la mitad el desangre no es poca cosa, pero ¿por qué no parar el desangre?

6.En general, ¿qué piensa de la Política Nacional Farmacéutica que está elaborando el Gobierno?

El sistema de salud está en crisis y uno de los causantes más visibles de la crisis son justamente los recobros y los altos precios de los medicamentos. Creemos que la PNF que ha formulado esta administración reconoce el problema, y aunque uno (IFARMA) quisiera intervenciones más radicales y severas, al menos hemos de reconocer que se está planteando intervenir precios, aumentar la transparencia y controlar el uso. Y ya se han visto algunas intervenciones en esas líneas. Vamos a estar vigilando que esta vez, la PNF no se quede en letra muerta como sucedió en el 2003.