En días pasados y gracias a un tímido despliegue en algunos de los principales medios de comunicación, el país conoció los resultados de la Sexta Encuesta de Percepción de las IPS sobre las EPS realizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC, mayo de 2005) a un conjunto de Empresas Promotora de Salud (EPS). Esta encuesta permitió evaluar, desde la perspectiva de un grupo de prestadores (hospitales y clínicas), el desempeño de las principales EPS en aspectos tales como contratación, pagos, comunicación e información, auditoria, calidad y confianza. La divulgación de los resultados de este estudio anual fue seguida por la entrega, también limitada y esporádica, de las conclusiones de otro par de estudios similares: uno realizado por el Departamento Nacional de Planeación y el otro por la Defensoría del Pueblo.

Que la ACHC se esfuerce por evaluar a sus principales clientes estratégicos –los aseguradores– es algo que no debe sorprender y que merece todo el reconocimiento. Es, sin duda, una iniciativa valiosa para el sector. Pero, que esta encuesta sea uno de los pocos instrumentos de información pública sobre la función del aseguramiento en el país, sí es algo que llama la atención y que no debe seguir pasando desapercibido.

La información que requiere el país sobre la función de aseguramiento no se limita a aspectos contractuales (foco natural del interés de la ACHC) o financieros (por ejemplo, los márgenes de solvencia que acaparan la mayor parte del esfuerzo de la Superintendencia Nacional de Salud). Debe, ante todo, centrarse en indicadores que reflejen el grado de beneficio aportado por el asegurador a la salud de su afiliado o beneficiario. Por ejemplo, es fundamental que estén disponibles al público indicadores que orienten sobre la oportunidad de citas médicas y cirugías programadas, la suficiencia en la entrega de los medicamentos, la satisfacción con el servicio y la efectividad en el adelanto de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entre otros.

Este requerimiento no es trivial. Con la Ley 100 de 1993 la función del aseguramiento se volvió uno de los pilares fundamentales para garantizar mejor salud para los colombianos. En efecto, el aseguramiento se convirtió en un instrumento central de la política pública para promover la calidad de la atención en salud, garantizar la protección financiera de los ciudadanos ante el riesgo de enfermar, llenar sus expectativas frente a los servicios de salud y asegurar una mayor eficiencia en el uso de recursos sectoriales, siempre limitados. ¿Están contribuyendo las EPS a éstos logros? Qué tanto? ¿Cuáles son aquellas que lo hacen mejor? ¿Cuáles son sus tendencias anuales?

Estas preguntas no son caprichosas, si se tiene presente otro de los elementos centrales en el diseño de la Ley 100: la libertad de elección de aseguradores y prestadores por parte de los ciudadanos. Es la gente, preocupada por su salud y la de sus seres queridos, quién debe elegir anualmente en qué entidad deposita la responsabilidad de velar por su aseguramiento. Para que esta libre elección sea real y efectiva, es fundamental que exista información pública al respecto.

Pero el interés por llenar este vacío no se debe agotar en los usuarios. A los empresarios también debiera interesarles garantizar la efectividad de sus contribuciones obligatorias en salud y, por ello, deberían promover iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la función aseguradora (como, en efecto, lo hacen en otros países). Lo mismo debe suceder con las autoridades locales, regionales y nacionales, responsables de garantizar que esta función cumpla su propósito social y agregue valor. E, incluso, los mismos aseguradores, comprometidos con mejorar día a día la calidad de sus servicios e interesados en diferenciarse por ello, deberían liderar estos esfuerzos.

Así las cosas ¿por qué toma tanto tiempo proveer al país y al sector de indicadores útiles sobre la función de aseguramiento? Este es, sin duda alguna, un vació importante qué llenar para saber cómo vamos en salud.