Febrero 24 de 2014

Respuestas Candidata Gloria Stella Díaz

1. Usted puede llegar a representar el Estado, y es precisamente el Estado quien debe tener la capacidad para reflejar lo que es más prioritario e identificar qué es lo que genera más impacto en la salud de las personas. En ese orden de ideas, ¿usted por dónde comenzaría?

Empezaría por un sistema de salud que dé garantías de accesibilidad, oportunidad y eficiencia en la prestación del servicio.

2. ¿Qué estrategia tiene planeada para comprometer a las EPS a que asuman su objetivo misional "de gestionar los riesgos en salud" y que el aseguramiento no esté centrado en el manejo financiero?

La estrategia que nosotros tenemos como Partido es que las EPS cumplan el papel asegurador, ni de intermediación financiera, ni que mucho menos tengan la posibilidad de hacer integración vertical. Si las EPS quieren continuar en el negocio de la salud, bajo la figura gestoras de servicio de salud como así se pretenden llamar ahora, que entren a competir en igualdad de condiciones con una IPS. Quiere decir esto que se conviertan en clínicas y hospitales. El gran problema de las EPS en el sistema de salud, obedece a que bajo la figura del aseguramiento, que no la están haciendo sino que la hace el Estado porque es el que asume el riesgo, las EPS entonces cobran, se empieza a generar el negocio de la salud que fue el que deshumanizó el sistema en Colombia y mercantilizamos el sistema. Entonces, esa es nuestra propuesta.

3. ¿Debe primar la autonomía médica (la libertad que tienen los médicos para recetar cualquier medicamento disponible en el país) por encima de las barreras administrativas encaminadas al control del costo para los agentes?

La autonomía médica se debe respetar pero debe, de alguna manera, tener un control sobre los precios de los medicamentos. La autonomía médica no sólo se vulnera no permitiéndole al médico no recetar los medicamentos o los procedimientos. Se da también cuando se genera por parte del Estado un listado de exclusiones en el que se toman en cuenta unos factores de valoración externos que pueden o no compadecerse con la realidad o no de una enfermedad que tiene un paciente. Entonces, nosotros somos defensores de la autonomía médica con control al precio de los medicamentos, pero tampoco dejándole al Estado la responsabilidad de que genere estados de exclusiones so pretexto de mantener una sostenibilidad fiscal sobreponiendo el derecho económico sobre el derecho fundamental.

4. ¿Debe mantenerse la figura de la tutela en el sistema de salud?

La figura de la tutela se tiene que mantener independientemente de que sea o no en el sistema de salud. Es un mecanismo que otorgó la Constitución de 1991.

5. ¿Usted tiene propuestas concretas para el Congreso de la República que apunten a que la población pueda llegar a la vejez libre de enfermedad y discapacidad, más aún cuando el país tiene cada vez más problemas cardiovasculares y enfermedades crónicas no trasmisibles como el consumo de tabaco, una dieta malsana, la inactividad física y el abuso del alcohol?

Si. Nuestra propuesta es que haya un sistema de salud que tenga su mirada puesta en programas de promoción y prevención antes de ser el sistema que trata la enfermedad. Al Estado le saldría muchísimo más económico invertir en promoción y prevención y lo que hace rentable el negocio en este momento para las EPS es que entre más enferma esté la gente, más utilidad hay. De ahí la paradoja. Que es con lo que nosotros no estamos de acuerdo. En un sistema de salud fundamentado en la promoción y prevención, los recursos alcanzarían y habría calidad de vida para todas las poblaciones.

6. ¿Está usted de acuerdo con la Ley Estatutaria que aprobó el Congreso? ¿Considera que con lo aprobado en esta ley se está garantizando el goce efectivo del derecho a la salud?

No, votamos negativo. No estoy de acuerdo porque es una ley que sobrepuso del derecho económico sobre el derecho fundamental a la salud, limita la acción de tutela, viola los derechos adquiridos y pone en riesgo la vida de pacientes de enfermedades catastróficas y de alto costo. No es una ley que resuelva las difíciles necesidades que en este momento tienen los pacientes para acceder con oportunidad, calidad y eficiencia al sistema de salud. No permite el goce efectivo al derecho a la salud.