Marzo 23 de 2013

Lo bueno, regular y malo de la reforma a la salud

Actores del sistema muestran sus puntos de vista frente a los proyectos en Cámara y Senado.

Esta semana, y después de meses de especulaciones, los colombianos finalmente conocieron el contenido del proyecto de ley ordinaria del Gobierno para reformar el sistema de salud, así como la propuesta de ley estatutaria, formulada por las agremiaciones médicas.

Aun cuando ambas iniciativas apenas empiezan su trámite, tras su radicación en el Congreso (la ordinaria por la comisión séptima de Cámara y la estatutaria por la comisión primera de Senado), todos los actores del sistema se han lanzado a comentar los proyectos y se han manifestado a favor o en contra de los puntos planteados.

Sobre la propuesta de reforma ordinaria presentada por el Gobierno, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que con la iniciativa "se eliminan las barreras de acceso a los servicios para la gente, a la par que se busca tener un sistema con mejor calidad, oportunidad y más legítimo".

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el propósito es "crear un modelo que les dará a todos los colombianos la seguridad de tener un modelo de salud que cumpla con sus expectativas". (Lea más información sobre la reforma a la salud que radicó el presidente Santos en el Congreso).

Por su parte, Jaime Arias, presidente de Acemi (que agremia a la mayoría de las EPS del contributivo), considera que "la reforma no combate a fondo la corrupción, que no beneficiará a los pacientes sino a los gobiernos locales y que tiene fines políticos y electorales".

Néstor Álvarez, vocero de los pacientes de Alto Costo, considera que la propuesta del Gobierno "es cosmética".

Lo positivo del proyecto

El Estado recupera el control del dinero de la salud. Se crea Salud Mía, que se encargará de afiliaciones, recaudo, administración, pagos y la transferencia de todos los recursos del sector.

Se elimina el POS. Habrá un plan único de beneficios basado en exclusiones específicas, como lo cosmético, lo suntuario, lo experimental y lo no probado.

Se busca que el Estado reasuma la vigilancia, control y regulación del sistema. Se acaba la intermediación financiera. Esto elimina las EPS. Se crean los gestores de salud, responsables de la atención de la gente.

Se crean redes integradas de servicios; la idea es que la gente reciba atención integral. Mejora la vigilancia. Se fortalecen las funciones de la Supersalud, que podrán descentralizarse. Trabajo digno. Se faculta al Presidente para que defina las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Regionalización y descentralización. El país se divide en unidades regionales para compensar asimetrías en salud.

Lo que menos gusta a los analistas

No explicita que la salud es un derecho fundamental . Pese a que hasta la Corte lo dice, falta una ley que lo haga explícito. Persisten los regímenes contributivo y subsidiado, aun cuando se ha dicho que todos los ciudadanos tienen los mismos servicios.

El proyecto deja abierta la posibilidad de que haya integración vertical en el primer nivel de atención, entre gestores y prestadores. No queda claro en la iniciativa si los gestores de salud manejarán dineros del sistema en los primeros niveles de atención; para algunos esto sería como seguir con el modelo de EPS.

Los dineros de la salud son públicos hasta que se transfieren a los agentes del sistema. Esto ha sembrado inquietudes, incluso en la Contraloría General de la Nación. El proyecto asegura que la ley "redefine" en lugar de reformar estructuralmente el sistema de salud.

Aspectos que generan incertidumbre

El proyecto regula los beneficios en salud de la gente por vía ordinaria, lo cual podría ser objetado por la Corte.

Los entes territoriales quedan como responsables del manejo de la salud pública; la mayoría se han rajado en este tema. Se crea un fondo de garantías para la salud que aportaría liquidez y preservaría la estabilidad financiera; el riesgo es que entidades quebradas sean salvadas con estos recursos. La designación de gerentes o directores de las ESE (hospitales públicos) sería de libre nombramiento y remoción. Los cargos quedan expuestos a la politiquería.

La iniciativa estatutaria

El otro proyecto de ley radicado para reformar la salud es la propuesta de ley estatutaria número 209, que en 14 artículos busca definir las reglas de juego para que, a través de otras normas, el Estado garantice el derecho a la salud.

La iniciativa, de autoría de las agremiaciones médicas, fue acogida por el presidente Juan Manuel Santos, que acompañó su radicación en el Congreso. Los proponentes insisten en que por tratarse la salud de un derecho fundamental, la reforma debe tramitarse a través de una ley estatutaria, que al ser de mayor jerarquía que la ordinaria, proporcionaría un marco sólido, ajustado a la Constitución.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa están la cualificación de la salud como un derecho humano fundamental. El Estado es el encargado de garantizarlo, propiciarlo y facilitarlo, a través de un sistema único de salud, con un plan único de salud basado en exclusiones, financiado con dineros públicos recaudados en un fondo único y prestado mediante redes integradas de servicios, bajo la estrategia de atención primaria.

Además, el texto elimina la intermediación que no agregue valor, crea un sistema único de información y registro en salud, promueve la autonomía médica y propende por la génesis de una cultura sanitaria entre la gente.

REDACCIÓN POLÍTICA

Tomado de: www.eltiempo.com